El tener un pozo ilegal puede conllevar sanciones desde 6.010 euros hasta los 30.050 euros.

La extracción y uso de agua sin la correspondiente concesión o autorización administrativa de La Confederación Hidrográfica correspondiente, puede suponer una infracción administrativa menos grave del articulo 116.3 b) del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas y articulo 316 c) del Reglamento del dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986.

Dichas sanciones pueden conllevar una multa económica de 6.010 euros hasta los 30.050 euros y la clausura del pozo, corriendo el titular con los gastos de dicha clausura.